La descertificación no es el fin del mundo: Ernesto Samper

Ernesto Samper P., expresidente de Colombia

El expresidente colombiano asegura que la descertificación es ilegal, política y regresiva 

En un comunicado a la opinión pública, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano aseguró que el hecho de que Estados Unidos haya sacado a nuestro país de la lista de naciones que luchan contra la droga no es el fin del mundo.

Este es el texto de su comunicado, publicado en redes sociales:

Colombia ya pasó por una descertificación y puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro. Y de volver a exigir a los países consumidores como Estados Unidos y muchos de Europa que cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes, precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal y se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas como el fentanilo y otros estupefacientes que no producimos.

Por lo demás, la decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva.

Es ILEGAL porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad.

Es POLÍTICA porque siempre ha sido utilizada para castigar a países que se consideran “enemigos” de Estados Unidos. Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucionales, la descertifican cada vez que el gobierno de Colombia aparece como “enemigo” del gobierno de Estados Unidos.

Es REGRESIVA en términos sociales y humanitarios porque hace recaer sobre los sectores más vulnerables de la cadena de las drogas, como los campesinos y los indígenas, una sanción que debería comenzar por el control de sus propios mercados que es donde se generan y quedan las grandes utilidades del narcotráfico. Esta decisión coincide con la finalización de los programas de USAID en Colombia que apoyaban iniciativas como la sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de miles de campesinos, política que debería impulsarse con mayor vigor.

Estados Unidos excluyó a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas

• La ayuda económica se mantiene y se revisará la decisión en diez meses
• Presidente de Colombia dice que la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder

El gobierno estadounidense sacó a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico, porque considera que no está cumpliendo con sus compromisos para el control de drogas.

La última vez que Colombia fue descertificada fue en 1996 durante el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano y más que por incumplimiento en la erradicación de cultivos o exportación de drogas, fue considerado un movimiento político, por el entonces conocido “Proceso 8000”.

En el caso actual, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el presidente Donald Trump determinó que el gobierno colombiano no ha conseguido cumplir sus obligaciones para el control de drogas. Al tiempo aclaró que harán una exención para que la cooperación crítica continúe, incluyendo antinarcóticos, y se revisará la decisión en diez meses.

Para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca arranca desde 2013 y no se debe a este gobierno.  De igual forma indicó que “la razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al incremento del consumo en el mundo, especialmente en Europa, mientras se mantienen los niveles de consumo en EE.UU”.

Petro afirmó que “la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder” y reiteró que el mundo necesita cambiar su política antidrogas porque esta ha fracasado. “Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor. Los EE.UU. detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo, 30 veces más mortal que la cocaína”, puntualizó.

En su cuenta en la red social X, el presidente colombiano publicó otro mensaje sobre el tema: “EE.UU. participa en la política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si quiere un presidente títere como el que vendió a Panamá, o quiere una nación libre o soberana”.

En otro mensaje se refirió a las declaraciones a medios de comunicación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las que dice que el mandatario colombiano no ha sido un buen socio en la lucha contra las drogas: “Señala que no he sido un buen socio en la lucha, cuando arriesgué mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político”, afirmó el presidente. 

No voy a arrodillar a la nación

En la misma línea, agregó que “Estados Unidos está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad”.

Finalmente, el presidente enfatizó: “yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee a campesinos. No somos cipayos ni súbditos”.

Al conocer la decisión del Gobierno estadounidense, el mandatario fue enfático al anunciar que con la descertificación se acaba la dependencia de Colombia hacia Estados Unidos: “Es la política de los EE.UU. la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda de cocaína de EE.UU. y Europa”, dijo el presidente colombiano.

Hay que revisar con lupa el proyecto de Reforma Tributaria presentado por el gobierno colombiano: ACOPI

Negocio de artesanías 

• Declarar IVA bimestralmente puede generar problema de flujo de caja en la MiPymes
• Se debe evitar que el ciudadano salga más asfixiado con los impuestos

Sobre el proyecto de ley para el financiamiento del Presupuesto General de la Nación, presentado por el gobierno nacional, que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal del país y propone cambios significativos en impuestos como renta, IVA, patrimonio, consumo y activos digitales, el Observatorio Nacional de la MiPyme, de ACOPI Atlántico, identificó cuatro medidas que tendrían impacto directo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas del país:

Incremento del IVA a combustibles. El alza en la gasolina, ACPM y biocombustibles, presionaría la inflación y encarecería los costos de transporte y logística, donde operan más de 51.000 MiPymes.

Rosmery Quintero, directora de ACOPI en el Atlántico, advirtió que el proyecto de reforma tributaria se mete con temas muy delicados que afectan directamente la inflación: “Da vergüenza que un presidente (Gustavo Petro) hable de los pobres colombianos que no tienen vehículo. Él debía hablar de cuántas personas con ingresos muy bajos a nivel monetario han logrado salir de la pobreza en su periodo. Eso es lo que debe hablar un presidente responsable y no decir que a esos “pobres colombianos” que no tienen vehículos, que son los que menos consumen combustibles, no les va a pasar nada”.

El transporte de carretera, explicó Quintero, es clave para el sector, pues la mayoría de los productos nuestros se mueven por carretera: “el combustible pesa un 40.2% en la estructura de costos de los empresarios de nuestro sector.  Adicionalmente se suman costos fijos y peajes que llegan a 45.19%. Es prácticamente un 86%. Por eso es que los resultados son cada día son más bajos”.

Modificación del impuesto de renta para personas naturales. Con más del 67% de las MiPymes registradas bajo esta figura, los cambios en tarifas marginales aumentan la carga tributaria sobre propietarios y empresarios independientes, reduciendo su capacidad de reinversión y su margen financiero.

Al gremio de las MiPymes, preocupa este punto de la reforma y la vocera del gremio en el Atlántico expresó lo siguiente: “Hay un dato, y este mensaje también es para el sector empresarial, que debe revisarse: Mientras la renta para personas jurídicas es fija, 35%, cuando se mira al sector MiPyme, el 67% están registradas ante las cámaras de comercio como personas naturales y la tabla que va a incidir como tarifa marginal máxima va a pasar de 39% a 41%. Una gran diferencia hasta el 35%.

Rosmery Quintero considera que hay que revisar el margen de rentabilidad que tiene de acuerdo a la actividad o producto que genera y cómo le aplica una tabla como tarifa marginal que puede llegar hasta el 41% más una UVT adicionales que le tienen que sumar. “Esto puede llevar al empresario a que tome una decisión que le puede salir más económica y menos riesgosa, de convertir la empresa a persona jurídica”, enfatizó.

Gravamen a espectáculos culturales y deportivos. Aplicar el 19% del IVA a boletas que superen 10 UVT (casi $500.000) afectaría a 29.711 MiPymes del sector cultural y de entretenimiento, señala el Observatorio Nacional de la MiPyme y llama la atención sobre casi dos millones de empleos que se ponen en riesgo.

“Es irónico que te metas con una actividad que está dando buenos resultados, que está sacando la cara por el leve crecimiento que tenemos”, dijo la directora de Acopi, Rosmery Quintero al referirse al impuesto a actividades culturales. Comentó que son muchos los problemas emocionales que quedaron después de la pandemia y no se puede descuidar la parte sicosocial.  Añadió que el esparcimiento se convirtió en un tanque de oxígeno para la gente y resulta que ahora el gobierno va a aplicar un gravamen a estas actividades.

Periodicidad bimestral de declaraciones de IVA. La eliminación del esquema cuatrimestral limitaría la liquidez de la MiPymes y aumentaría su carga administrativa, obligándolas a anticipar recursos tributarios en un contexto de pagos demorados y alta burocracia.

Con relación a esta medida propuesta en la Ley de Financiamiento presentada por el gobierno nacional, Acopi considera que se puede presentar un problema de flujo de caja si se aprueba que solo sea bimestral.

Rosmery Quintero dijo que los impuestos se necesitan, pero hay que tener las condiciones para que se generen unos ingresos vía ventas de productos o servicios y que además el sector sienta que hay certidumbre. Agregó que muy probablemente los resultados económicos de las empresas en diferentes sectores van a ser buenos y esos buenos resultados son los que permiten pagar los impuestos.

Sin embargo, hizo un llamado a quienes se van a dedicar a estudiar el proyecto de ley, para que sea revisado con lupa y evitar que se siga asfixiando al ciudadano: “No puede analizarse solo el paquete que entregó el gobierno nacional, porque a un sector empresarial le corresponde pagar impuestos territoriales, departamentales y nacionales. Y todos entran a incidir sobre la estructura de costos y el resultado final es el precio”.

Finalmente y con relación a las ganancias ocasionales, Quintero dijo que tal como está redactado en el proyecto gubernamental, prácticamente lleva a que los activos de las personas se vendan antes de 4 años.